El Supremo refuerza la lucha legal de Salvar el Archivo de Salamanca

El Supremo refuerza la lucha  legal de Salvar el Archivo de Salamanca
El Tribunal Supremo refuerza las demandas de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca y da la “puntilla” a la Generalidad de Cataluña
  • “El Gobierno de Cataluña no tiene nada que aplaudir, más bien al contrario”, ha declarado el presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca aludiendo a las declaraciones de la portavoz catalana, Meritxell Budó, tras la sentencia del Tribunal Supremo que avala el traslado a Cataluña de más papeles del Archivo General de la Guerra Civil.
  • El presidente de la asociación salmantina, Policarpo Sánchez, afirma que “el cerco legal a la Generalidad y el Ministerio de Cultura es ahora más estrecho que nunca”.
  • El Supremo recalca que “la Generalidad no es titular de estos bienes” y que de ser imposible su restitución a particulares, “seguirán integrando el Archivo General de la Guerra Civil, con su imperativa devolución o reintegro al mismo” en el plazo de 1 año.
  • La Generalidad está obligada a devolver de inmediato al Archivo de Salamanca los 400.000 documentos que desde hace años retiene ilegalmente en su poder.

Salamanca, 21 de junio de 2019.- Ante la confusión que ha generado la reciente sentencia del Tribunal Supremo avalando la entrega de nuevos documentos del Archivo General de la Guerra Civil, con sede en Salamanca, la Asociación que lucha por la unidad del Archivo y, en su nombre el presidente de la misma, Policarpo Sánchez, aclara que se trata de un fallo que favorece la lucha que la citada asociación mantiene desde hace años en defensa de la legalidad para que sean devueltos al Archivo de Salamanca los 400.000 documentos que la Generalidad de Cataluña retiene ilegalmente en su poder, puesto que no han sido entregados a sus legítimos propietarios, y el plazo para hacerlo expiró hace años. Por tanto, esos documentos “integran el Archivo General de la Guerra Civil, con su imperativa devolución o reintegro al mismo”, como reza el documento emitido por el TS. “En la práctica, esta sentencia, -asegura Sánchez- da la puntilla a la Generalidad, obligando a la devolución inmediata de esos centenares de miles de documentos y dejando al Ministerio de Cultura sin excusas para no exigirlo”.

La decisión del Tribunal Supremo, conocida el pasado lunes 17 de junio, afecta a otros 23.000 documentos que deben ser trasladados a Cataluña para su restitución a sus legítimos propietarios, con la obligación de devolver esos documentos si en un año aquellos no son encontrados.

La primera respuesta de la Generalidad tras la comunicación del TS ha sido reafirmar que no tiene ninguna intención de devolver documentos al Archivo General de la Guerra Civil en Salamanca, ni los que retiene ilegalmente de anteriores transferencias, que ya debía haber devuelto (sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero de 2013), ni tampoco lo tiene previsto hacer con los que ahora reciba, “a pesar de ser público y notorio que no tienen propietario y que, de acuerdo con la sentencia, en un año deberían ser devueltos”, dice Policarpo Sánchez.

Esto es una prueba más “del ninguneo y el incumplimiento de la Ley y las Sentencias judiciales por parte de la Generalidad, a lo que se suma la más absoluta negligencia por parte del Gobierno español para cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico en Cataluña”, asegura el presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca.

Sánchez recuerda que, “aunque salgan más papeles ahora, deberán volver en el plazo de un año todos aquellos que será imposible entregar a propietarios o herederos conocidos, porque en su inmensa mayoría no existen”. Estamos hablando de un viaje de ida y vuelta para unos documentos que forman parte del Patrimonio Histórico Documental español, con el consiguiente riesgo de pérdida y daños y por supuesto el coste que implica a las arcas del Estado”, recuerda el presidente de Salvar el Archivo de Salamanca.

Ante el evidente riesgo de desaparición de documentos en Cataluña, o de acabar perdidos en manos de personas y entidades ajenas a sus legítimos propietarios como hasta ahora ha sucedido, así como el del efectivo cumplimiento de devolución -que también forma parte de la resolución que ahora hay que cumplir-, la Asociación Salvar el Archivo trabaja en las fórmulas legales que, avalando el estricto cumplimiento de la ley y de las resoluciones judiciales, garantice la devolución al Archivo General de la Guerra Civil española de todos los documentos que ahora sean entregados a la Generalidad y de los que ya deberían de haber sido devueltos.

Por último, Policarpo Sánchez advierte al Ministro de Cultura, José Guirao, de las consecuencias legales a las que se expone si no ordena a la Generalidad la devolución inmediata de los documentos retenidos ilegalmente en Cataluña.

 

Contacto prensa: prensa@salvararchivosalamanca.es | Mercedes González Montes | Tel. 660417365

Salvar el Archivo da 10 días a Guirao para responder a sus requerimientos antes de ir a la Audiencia Nacional

Salvar el Archivo da 10 días a Guirao para responder a sus requerimientos antes de ir a la Audiencia Nacional
La asociación salmantina agota la vía administrativa para pedir la devolución de los «papeles» de Salamanca


El presidente de la Asociación Salvar el Archivo, Policarpo Sánchez, junto al alcalde de Salamanca, en una imagen de archivo – ICAL

ABC: 21/05/2019

La asociación Salvar el Archivo de Salamanca presentó ayer un nuevo «y último» apercibimiento que «da 10 días» al ministro de Cultura del Gobierno de España, José Guirao, «para que cumpla y haga cumplir las sentencias judiciales que le obligan a ordenar a la Generalitat de Cataluña la devolución de los documentos que todavía retiene ilegalmente en su poder» del Archivo General de la Guerra Civil, antes de acudir a la Audiencia Nacional.

En el escrito presentado ayer por la asociación ante la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, y dado a conocer hoy a través de un comunicado, «se insta al ministro de Cultura, José Guirao, a responder a las cuestiones requeridas en los escritos presentados por la asociación Salvar el Archivo de Salamanca el 28 de enero y el 11 de marzo».

«Guirao dispone ahora de diez días para dar una respuesta», explica el comunicado, puesto que con la solicitud, la asociación «agota todas las posibilidades que ofrece la vía administrativa». Tras ello, y en caso de no obtener respuesta, la asociación acudirá «a la Audiencia Nacional» para exigir «las responsabilidades legales y las sanciones correspondientes para la Administración de Pedro Sánchez por hacer caso omiso a los requerimientos de la asociación».

La asociación Salvar el Archivo de Salamanca también continúa «a la espera» de una respuesta por parte de la Generalitat de Cataluña a la solicitud remitida el pasado mes de marzo en la que reclamaban «información concreta» sobre los documentos entregados a particulares, que de no producirse hará que la asociación presente «una querella contra altos cargos que desempeñaron sus funciones en la Generalitat desde el año 2010 por entregar documentos a quienes no son sus legítimos propietarios».

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El lunes finaliza el plazo para que el ministro José Guirao responda a las reclamaciones de la asociación, que está dispuesta a llevar el caso a la Audiencia Nacional

RICARDO RÁBADE / WORD SALAMANCA Viernes, 26 abril 2019, 14:22

El presidente de la asociación Salvar el Archivo, Policarpo Sánchez, anunció ayer que su asociación seguirá dando la batalla en todos los frentes abiertos en defensa del Archivo, sea cual sea el resultado de las elecciones del domingo.

En el ámbito legal, Sánchez recordó que «el lunes 29 de abril finaliza el plazo que tiene el ministro de Cultura para responder al escrito que le remitimos el 28 de enero». En dicho escrito se instaba a Guirao a «ordenar la devolución inmediata de los papeles que la Generalitat retiene ilegalmente en su poder, según sentencia judicial, así como a informar de varias cuestiones administrativas a las que está obligado a responder, según la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas». Pasada esa fecha, la asociación presentará un recurso por silencio administrativo en el que, además, «se apercibirá al ministro de Cultura en funciones de las responsabilidades en las que ha incurrido por no contestar a las preguntas de carácter administrativo que se le planteaban». Sánchez avanzó que «José Guirao tendrá que responder del expolio del Archivo ante la Audiencia Nacional».

Igualmente, la asociación continúa a la espera de respuesta del Govern catalán a la solicitud que se le remitió en marzo reclamando información concreta de los documentos entregados a particulares. «En este caso, finalizado el plazo, presentaremos una querella contra altos cargos que desempeñaron sus funciones en la Generalidad desde el año 2010, por entregar documentos a quienes no son sus propietarios».

En el frente social, el manifiesto de la asociación ha superado las 12.000 adhesiones y, a través de organizaciones de todos los ámbitos sociales, «suma ya el respaldo de más de un millón de personas de toda España que piden la restitución, unidad y protección del Archivo». Entre las más recientes sobresale la firma de María del Mar Blanco, presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo.

Sánchez explicó que Salvar el Archivo, «como asociación apolítica y de la sociedad civil», no pedirá el voto para ningún partido en las elecciones del domingo. No obstante, puntualizó que «si Pedro Sánchez continúa en el Gobierno, el futuro del Archivo lo dictarán los socios independentistas del PSOE, con Puigdemont y Torra a la cabeza». Además, se mostró convencido de que Guirao «cumplirá su palabra» de entregar más documentos al separatismo catalán.

La asociación ha conseguido el apoyo del PP, Cs, Vox y Foro Asturias con las firmas de sus respectivos dirigentes. «Aunque el PSOE a nivel nacional ha rechazado firmar el manifiesto, las bases socialistas nos han mostrado afecto y apoyo en muchos sitios, como pasó en Guijuelo».

El abogado y miembro de la junta directiva de la asociación, Enrique de Santiago, elogió la decisión del alcalde de Guijuelo, Julián Ramos, de incorporarse a la asociación ante su próximo abandono de la actividad política. Ramos destacó que defender el Archivo «equivale a apostar, sin reservas, por la defensa de nuestro patrimonio y reivindicar el papel de Salamanca como legítimo lugar para conservar los documentos».

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ABC Salamanca Actualizado: 26/04/2019 09:01h.  Foto: El alcalde de Guijuelo formará parte de la dirección de la asociación

El presidente de Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez, anunció ayer que la Asociación seguirá dando la batalla en todos los frentes abiertos en defensa de la unidad del centro documental, sea cual sea el resultado de las elecciones del próximo domingo. En el ámbito legal, el presidente de la Asociación salmantina recordó que «el lunes 29 de abril finaliza el plazo que tiene el ministro de Cultura para responder al escrito que le remitimos el 28 de enero pasado a través de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, en el que se instaba a José Guirao a ordenar la devolución inmediata de los papeles que la Generalidad retiene ilegalmente en su poder, según sentencia judicial, así como a informar de varias cuestiones administrativas a las que está obligado a responder, según la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas».Pasada esa fecha, la Asociación presentará un recurso por silencio administrativo en el que, además, se apercibirá al ministro de Cultura en funciones de las responsabilidades en las que ha incurrido por no contestar a las preguntas de carácter administrativo que se le planteaban. «José Guirao tendrá que responder del expolio del Archivo de Salamanca ante la Audiencia Nacional, aseguró Policarpo Sánchez.

12.000 adhesiones

En el frente social, la Asociación continuará recabando firmas de apoyo a su Manifiesto. Hasta la fecha este documento ha superado las 12.000 adhesiones y, a través de organizaciones de todos los ámbitos de la sociedad, suma ya el respaldo de más de 1.000.000 de personas de toda España que piden la restitución, unidad y protección del Archivo de Salamanca. Entre las más recientes, cabe destacar la firma de María del Mar Blanco, presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo.

«Salvar el Archivo de Salamanca, como asociación apolítica y de la sociedad civil, no pide el voto concreto para ningún partido en las elecciones, pero tenemos la obligación de informar a los ciudadanos sobre la respuesta de los diferentes partidos ante las reivindicaciones recogidas en el Manifiesto de la Asociación», aclaró su presidente. «Si Pedro Sánchez continúa en el Gobierno, el futuro del Archivo lo dictarán los socios independentistas del PSOE, con Puigdemont y Torra a la cabeza», lamentó el presidente de la Asociación. Además, «el ministro Guirao cumplirá su palabra de entregar más documentos a los separatistas, además de no exigirles la devolución de los 400.000 ilegalmente en su poder», aseguró Sánchez.

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Las formaciones políticas PP, Cs y Vox, que respaldaron la marcha por la unidad de España celebrada el pasado 10 de febrero en Madrid, cierran filas ahora en torno al Archivo de Salamanca, y así sus máximos dirigentes, Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, respectivamente, han suscrito el manifiesto de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, constituida hace ahora cinco años, para apoyar la integridad del centro y reclamar que la Generalitat de Cataluña devuelva los 400.000 documentos que mantiene indebidamente en su poder y que nunca debieron salir de la capital salmantina.

Pero no sólo han sido rúbricas, sino que la Asociación, que preside el investigador Policarpo Sánchez, ha arrancado a Casado el compromiso de incluir -Abascal ya lo ya hecho- en su programa electoral a los comicios generales del próximo 28 de abril la derogación de la Ley de Restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil sustituyéndola por una normativa que «blinde el Archivo de Salamanca, impidiendo nuevas entregas de documentos y que, con fundamento en la misma, se puedan recuperar todos aquellos que están siendo retenidos ilegítimamente o ilegalmente» por el Gobierno catalán y otras instituciones.

El propósito también se extiende a «recuperar y restituir todos aquellos documentos que nunca debieron de ser entregados pues incumplían la normativa legal, aquellos que ya en poder del Gobierno catalán no se han restituido y aquellos que sí se han proporcionado pero no a sus legítimos propietarios».

Tejido social

Orgulloso de haber conseguido «incorporar a todo el tejido social» a la defensa del Archivo de Salamanca, de «haber removido conciencias» y de haberlo «elevado al debate de la política nacional» cuando mucha gente pensaba que la batalla se había perdido, Sánchez enumera las decenas de apoyos a un manifiesto, a las que se unen las más de 115.000 adhesiones recogidas a través de plataformas ciudadanas.

Así, en el ámbito político y además de Casado, Rivera y Abascal, han estampado su firma el candidato del PP a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; la consejera de Cultura y Turismo de Castilla y León, María Josefa García Cirac; el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; y el portavoz de Ciudadanos en Castilla y León, Luis Fuentes; así como el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, o el vicesecretario jurídico de esta misma formación política, Pedro Fernández, ambos letrados que ejercen la acusación popular en el juicio del «procés» que se sigue en el Tribunal Supremo.

A ellos se une el candidato del PP a la alcaldía de Barcelona y presidente de Empresarios de Cataluña, Josep Bou; el vicepresidente de Foro Asturias, Francisco Álvarez Cascos, o instituciones como el Senado, las Cortes de Castilla y León, los ayuntamientos de Salamanca o Murcia y el Parlamento asturiano, así como una decena de partidos en el ámbito provincial, entre otros.

Sector empresarial

Respaldo también han encontrado las reivindicaciones de la asociación en el seno del entorno empresarial, y así las patronales Confaes y CES se han sumado al requerimiento, al igual que lo han hecho la Cámara de Comercio de Salamanca, la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, la Asociación de Empresarios de Ciudad Rodrigo (Afecir), colectivos de mujeres, de mayores, de vecinos o incluso la Federación de Peñas Taurinas Helmántica o la Asociación de Padres de Familia Separados.

En el terreno deportivo y cultural, destacan el Club Baloncesto Perfumerías Avenida, el Movimiento Cívico d’Espanya i Catalans, el Círculo Cívico Valenciano, la asociación cultural «Grupo de Historia San Ginés y Santa María la Mayor de Utebo», de Zaragoza, así como los escritores Gonzalo Santonja, director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua; Antonio Piedra, director de la Fundación Jorge Guillén, o el también escritor Luis Pío Moa Rodríguez.

En esta misma línea se han posicionado las fundacionesVillacisneros, que preside Íñigo Gómez-Pineda, o Valores y Sociedad, con el exministro Jaime Mayor Oreja al frente y con la expresidenta del Partido Popular del País Vasco María San Gil entre los patronos.

Pero la «batalla» legal de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, que cuenta entre sus miembros con el exbanquero Mario Conde o el periodista Hermann Tertsch, continúa, y así, a finales del pasado mes de enero, presentó en la subdelegación del Gobierno de Salamanca un requerimiento al Ministerio de Cultura para «la devolución, con carácter inmediato, de los documentos transferidos ilegalmente al Gobierno de Quim Torra, así como el traslado a Salamanca, también inmediato, de todos los documentos que no han sido digitalizados, según se ha establecido por Ley, y hacer las gestiones necesarias para la devolución de documentos que han sido presuntamente entregados a titulares inexistentes o personas físicas o jurídicas que no tienen vínculo con los documentos».

Se trata de un texto de casi medio centenar de páginas, con otras miles de soporte en documentos anexos, que empieza a fijar plazos para agotar la vía administrativa -seis meses- y poder emprender acciones en sede judicial, en este caso la Audiencia Nacional, si el Ministerio de Cultura sigue sin dar respuesta alguna. También la asociación ha empezado a estudiar acciones legales contra los responsables del expolio.

Patrimonio histórico

«Es el Gobierno de España el que tiene que ordenar a la Generalitat de Cataluña la devolución de los 400.000 documentos, tal y como recoge la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña», remarca Sánchez.

Mención especial hace el investigador a los galardones instituidos en 2014 por la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca -distinguida con el premio HazteOir.org-, que reconocen a personas, entidades e instituciones que sobresalen «por su excelencia en la defensa de la unidad de España y de su patrimonio histórico documental, en especial del conservado en el Archivo General de la Guerra Civil española frente a quienes promueven su destrucción», habiendo llegado a convertirse en «referente en la vida cultural española».